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Fotografía: Evelyn Flores

FUE PRESENTADO EL DEDO EN LA HERIDA

El pasado lunes 29 de junio se llevó a cabo la presentación del libro El dedo en la herida, del periodista Pedro Zamora Briseño, en las instalaciones del Archivo Histórico del Municipio de Colima.
Participaron como comentaristas el presidente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental, Efraín Naranjo Cortés; la periodista Heidi Gabriela de León Gutiérrez, del diario Milenio Colima; y el doctor Manuel Salvador González Villa, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima.
Como moderadora fungió Verónica González Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada.
A continuación, se reproducen las intervenciones de los comentaristas y el autor.

EL DEDO EN LA HERIDA


Heidi Gabriela de León Gutiérrez

La violación a los derechos humanos es una constante de los gobiernos, y también de los propios ciudadanos, quienes en ocasiones por ignorancia, terminan discriminando a las personas por sus simples preferencias sexuales, por las cuestiones religiosas, o por no estar de acuerdo con su forma de pensar y de vivir.
Pedro Zamora Briseño, en su libro El dedo en la herida, le da voz a todos aquellos que fueron ultrajados, humillados, ignorados por las autoridades estatales, a todos aquellos que fueron intimidados cuando trataron de denunciar las vejaciones que les hicieron, que fueron perseguidos cuando se enfrentaron al sistema burocrático y corrompido, que siempre tiene como protector a autoridades policiacas poco comprometidas con el respeto a las garantías individuales.
El libro cuenta 15 historias de sufrimiento, de horror, de represión, de abandono, de soledad, porque se supone que quienes deberían de velar por la protección y la seguridad de los colimenses, son quienes se han encargado de difundir el miedo, han practicado la tortura, son quienes se han tardado en resolver algunos crímenes como el de Salomón Gallardo Valdés, primer titular de la Contraloría General de Gobierno del estado, quien fue visto por última vez la noche del sábado 24 de mayo de 1997.
De acuerdo a la historia que nos relata Pedro Zamora, el cuerpo de Salomón fue hallado el jueves 29 de mayo, con la huella de una lesión provocada por un arma de fuego, aunque desde ese año se iniciaron con las investigaciones para esclarecer el homicidio, hasta ahora el asunto no ha sido resuelto.
Aparte del dolor de perder a un ser querido, la familia ha tenido que padecer la indiferencia de las autoridades policiacas de Colima y Jalisco, ya que el cuerpo del extrabajador de gobierno fue encontrado en un paraje a la altura de la curva los Pinos, en Tonila, Jalisco, por la carretera libre Colima, -Guadalajara.
En la entidad han pasado seis gobernador y tres procuradores y ninguno ha podido resolver este asesinato, que sigue impune.
No es el único, la muerte sospechosa de Jorge Figueroa Ríos un campesinos de 78 años del puerto de Manzanillo, sigue ocasionando que su familia no pueda estar en paz, aún cuando ya pasaron 11 años del suceso.
La policía detuvo a este hombre, pero las causas por las que lo apresaron no han quedado claras; el día que falleció, uno de sus familiares, Carlos Castillo, logró ver el cuerpo del hombre tendido en la plancha del Anfiteatro del Hospital Civil, tenia huellas de golpes, estaba bañado en sangre y al parecer con un brazo roto.
La familia, de escasos recursos, levantó la voz, interpuso una queja ante la Comisión estatal de derechos Humanos por abuso de autoridad, sin embargo esta instancia no hizo nada como ha sucedió en muchas ocasiones, y fue la propia CNDH la que recomendó a la Procuraduría de Justicia iniciar con una investigación en contra de elementos policiacos, hasta la fecha ninguno ha sido sancionado.
El dedo en la herida es un documento que evidencia la mala aplicación de justicia en la entidad, el poco interés de las autoridades por hacer que se respeten los derechos humanos; el dedo en la herida es la voz de todos aquellos que no han tenido la oportunidad de salir a la luz pública, pero que a pesar de tantas presiones se atrevieron a denunciar, a exigir justicia, porque ellos, los que sin se han atrevido a denunciar la tortura, el abuso de autoridad aunque esta provenga del propio Gobernador, como les sucedió a los ambientalistas de Manzanillo en el 2007.
Todos ellos, son los que están contribuyendo a tener una sociedad mucho más activa, una sociedad más critica, una sociedad que no se amedrenta a pesar de los golpes como lo demostraron Juan José González, Julio César Panduro de la Mora, Guillermo Topete Silva, y familia, Valetin Jiménez Guzmán a todos ellos mi solidaridad y a Pedro Zamora Briseño mi reconocimiento y admiración. Muchas Gracias.

REPRESIÓN CONTRA LOS MÁS POBRES


Efraín Naranjo Cortés

Cuando empecé a leer el libro El dedo en la herida, me vi presente en los escritos, no porque nos mencione, sino porque por lo menos un 33.3 por ciento de los 15 casos de alguna manera los viví.
Las historias de violaciones a los derechos humanos, que con sus respectivas impunidades Pedro plasma en su libro, son testimonios lúcidos y valientes de la violencia institucionalizada provocadores de indignación.
De ellos, habría que aprender para exigir a las autoridades federales, estatales y municipales actuales que jamás se repitan, que no nos acostumbremos a verlas, sentirlas y dejarlas pasar como cotidianas.
Esta realidad actual no puede cambiar nomás así porque queramos. Nuestro país vive una lacerante violencia estructural ejercida por las instituciones y el sistema social en la que se manifiestan tanto la desigualdad como la represión de manera individual y colectiva contra los más débiles y pobres.
Es decir, es una violencia legalizada que se corresponde con las injusticias estructurales tanto de carácter económico como sociales, por discriminación racial e incluso sexual, por la desigualdad de oportunidades, por la marginación educativa, por el hambre y la pobreza derivadas de la falta de empleo.
Son estructurales, porque al reproducir las estructuras socioeconómicas injustas y sus efectos, reproduce también la desigualdad del orden social institucional y legal actual.
Esta indignante desigualdad en la que viven las víctimas de violación a los derechos humanos, de todas las historias narradas por Pedro, no es exclusivamente económica, sino que se refleja también en el goce y en el disfrute de todos los derechos humanos.
Como muy bien lo cita Amnistía Internacional en su informe de hace dos años, llamado México, ley sin justicia, lo dice de la siguiente manera: “a los pobres se les niegan además de sus derechos sociales, sus derechos civiles básicos, no tienen protección contra la violencia policial y varias formas de violencia privada. Se les niega el acceso igualitario a las instituciones del estado y los juzgados, sus domicilios son allanados e invadidos arbitrariamente”.
(Hago un paréntesis: hace 22 días a los papás del compañero Gabriel Cárdenas Madrigal, señores de ochenta y tantos años de edad, se les metieron a su casa por la calle Del Trabajo, a las cinco de la mañana, les tumbaron la puerta con un marro, se metieron cincuenta policías federales; el actual titular de la mesa III de la PGR me acaba de decir que ya pidió informe de oficio a la PGR, a la PGJE, pero que no tienen informes de que los agentes hayan estado en Colima, y que lo más seguro es que será difícil la reparación del daño).
Esa práctica del allanamiento de los domicilios forma parte de esto, y la gente vive una vida no sólo de pobreza, sino de humillación recurrente y miedo a la violencia, muchas veces cometida por las fuerzas de seguridad que supuestamente deberían de proteger a los ciudadanos.
Este sector de la población no es materialmente pobre, sino también legalmente pobre. Los penales en México no están habitados en general por los delincuentes más peligrosos, sino por los más pobres y en cambio es poco común que personas acaudaladas sean condenadas por los delitos que cometen.
Esta violencia estructural se refleja también en los altos niveles de violencia y discriminación existentes en México contra las mujeres, las personas con preferencias sexuales diferentes, contra los niños, contra los migrantes y contra los periodistas y contra los defensores de los derechos humanos reprimidos y muertos permanentemente. Después de Irak que está en guerra, que ha sido invadido, México es el país en segundo lugar con el mayor número de periodistas asesinados.
Muchas gracias.

DERECHOS HUMANOS Y AUSENCIA DE CONVICCIÓN MORAL EN MÉXICO

“Cada palabra que escribimos nos compromete”
José Saramago




Manuel Salvador González Villa


I

Quisiera iniciar esta breve exposición, con el permiso de ustedes aquí presentes, remembrando, recordando y/o contextualizando que somos una sociedad, un país que en materia de gobierno estuvimos regidos por un sistema autoritario, sin que ello implique afirmar desde luego que tal pasado autoritario sea cuestión superada por lo mexicanos en general.
En México, sistema de gobierno presidencialista sexenal cuyo rasgo o matriz central no sólo es la personalidad autoritaria sin restricciones – presidente con poderes “meta constitucionales-”, sino también la promoción y consolidación institucionalizada de relaciones de los poderes legislativo y judicial, y del partido, de carácter complementaria y al servicio o en función del presidente en turno.
En general, sigue pesando en nuestra conciencia y cultura nacional –los invito a pensar en ello-, casi un siglo, no sólo de ausencia de representatividad gubernamental sustentada en una autentica voluntad popular, sino también de un prolongada política principalmente federal de carácter inmoral, deshonesta e intolerante con relación a la observación y respeto a los derechos humanos de incontables mexicanos, que, en algún momento o etapa de sus vidas, se atrevieron a querer ser diferentes y/o a disentir del estado de cosas prevaleciente.
Como olvidar pues - existen ya acuciosas y bien documentadas investigaciones- las década de 1940 y 1950 y 1960 cuando aquellos extraordinarios movimientos sociales como el de: ferrocarrileros, profesores, médicos, estudiantes, etc., recibieron como respuesta invariable represión y cerrazón gubernamental combinada con las desapariciones forzosas, las detenciones arbitrarias, las torturas, y vejaciones, etcétera, o también, la denominada “guerra sucia” vivida por México en los años 60,70 y principios de los 80 en el que el poder presidencial omnipotente utilizó arbitrariamente el poder a la hora de procurar y administrar justicia con relación a los derechos humanos de aquellos considerados “delincuentes” en aras de mantener la estabilidad política nacional.
Tal es el contexto histórico en que el libro de Pedro Zamora debe leerse, pues es claro que a lo largo y en base a la relación de hechos y testimonios sobre el estado de la cuestión de los derechos humanos principalmente en Colima, puede deducirse que: hasta ahora, muchos de los actores políticos utilizan o citan el tema sólo para momentos espectaculares. En todo caso, se requiere que el asunto sea una prioridad de los que gobiernan, pues mientras se avanza por un lado hay retroceso por otro.

II


“En México la tortura y los malos tratos
se encuentran expresamente prohibidos en la Constitución”


El libro de reciente edición (marzo de 2009) escrito por el periodista Pedro Zamora Briseño El dedo en la herida. Historias de violaciones a los derechos humanos e impunidad, por parte de editorial Avanzada, México -155 pp.-, constituye la compilación de 15 textos periodísticos pulcra y concisamente narrados en torno a una realidad reprobable y lacerante: la persistencia en los atropellos a las garantías individuales y sociales por quienes son los principales responsables de procurar y administrar justicia en la sociedad.
La lectura del libro de Pedro Zamora, periodismo comprometido con los derechos humanos, muestra preocupantemente: a) la práctica de las detenciones arbitrarias sigue siendo recurrentes en nuestro país y representa una grave violación al derecho fundamental de la libertad personal, b) la preocupante realidad de los cuerpos de seguridad relacionados y expresados en los agravios físicos y psicológicos contra la población; c) la hasta ahora inamovible impunidad que aparece como elemento común en las violaciones a los derechos humanos, es decir, impunidad indispensable para que funcione el sistema.
En todo caso, son tres aspectos, que siguen siendo visibles y muestran las deficiencias del sistema de prevención, administración y procuración de justicia, tanto en las violaciones a los derechos humanos, como en las denuncias a la violación de dichos derechos, requiriéndose, al respecto, mecanismos de supervisión a fin de que, en los casos de personas detenidas en forma arbitraria, se de vista sobre dicha situación a los órganos de control interno competentes y, cuando así lo amerite, se inicie la averiguación previa correspondiente en contra de los responsables de este abuso de poder.

III


“se prohíbe al individuo lo que se autoriza al Estado”

La lectura de éste valiente y pertinente texto escrito por Pedro Zamora forzosa y necesariamente me condujo a la reflexión y al análisis en torno a lo que debe ser considerada la moralidad estatal, es decir, sobre la nítida frontera entre procurar la justicia y el uso legítimo de la fuerza pública, una cuestión por supuesto esencial cuando sigue existiendo, y con razón, desconfianza e incredulidad de la sociedad mexicana hacia cualquier órgano de gobierno creado, y en relación a las instituciones policíacas, judiciales y castrenses principalmente.
Así, lo anterior, me llevó a la consideración de que todo acción estatal, de gobierno, o de quien está investido con poder en su relación con la población gobernada, constituye en sí misma una actitud o moralidad trascendente, porque suele trascender el nivel de la moralidad y la justicia humana, tanto privada como común, situándose por ello en aguda contradicción con ella.
Parafraseando a un gran teórico del anarquismo como Mijail A. Bakunin (1994:156-186) “la suprema ley del Estado es la autopreservación a toda costa”. Los Estados no pueden mantenerse firmes en esta lucha a no ser que aumenten constantemente su poder sobre sus propios súbditos; se deduce pues que la ley suprema del Estado es el incremento de su poder en detrimento de la libertad interna y la justicia; en otra acepción “un Estado visto como una colectividad limitada que intenta asumir el lugar de la sociedad y quiere imponerse a ella como una meta suprema mientras exige a todo lo demás que se someta y sea administrado por él”.
De esta manera: el Estado, en la medida en que a nombre de la ley persigue y castiga al delincuente, pareciera actuar no en absoluto por algún sentido del deber, porque no tiene deberes sino consigo mismo, por lo que, más allá de la acción estatal de hacer valer la justicia castigando a “quien la infringe”, el propio accionar gubernamental se vuelve motivo de controversia moral, cuando a nombre o cobijado por la ley comete agravio individual y social, reflejando al respecto una moralidad cuestionable o inaceptable, y en esa medida traduce y proyecta una cultura social en que el interés del Estado se constituye como un interés por encima del de los demás.[1] ¿Quien castiga a quien imparte y administra la justicia, cuando estos en aras de procurarla, pasa por encima de la misma ?.
Desde luego, que una autoridad legalmente establecida puede sentirse segura y confiada de su quehacer gubernamental, porque tiene y tendrá siempre y en última instancia la posibilidad del uso de la fuerza policíaca y militar, pero si ésta –políticos y autoridades-, no tiene la convicción de que los derechos humanos son un patrimonio de la humanidad y moral de un Estado constitucional, nunca podrá alcanzarse ni hay como organizar la vida política e institucional de una república.

IV

En un trabajo reciente sobre la herencia del 68 y otros movimientos sociales, el escritor Carlos Monsivais indica que, desde entonces, y particularmente desde 1994, se han producidos cambios fundamentales en el país en materia de derechos humanos: “sí aún se está lejos de lo satisfactorio –dice-, es enorme lo obtenido en términos comparativos y en términos absolutos”. Ubica el origen de estos cambios en la acción de la sociedad civil y subraya datos como la existencia actual de “más de 400 grupos de derechos humanos, el trabajo de los defensores de los derechos humanos y la acción de las ONG; un proceso de educación jurídica, y la modificación a fondo de la idea que de sí misma tiene la sociedad (Nexos, diciembre de 2008).
México ha transitado por un proceso de transformaciones significativas en sus instituciones políticas, jurídicas y sociales que, sobre todo a partir de la última década, se ha traducido en un mayor goce de todos los derechos humanos en el país pero, que no obstante, persisten rezagos y debilidades institucionales que preocupan a la sociedad.

V

Cuando las personas son formadas en un sistema autoritario el gran reto lo es siempre un cambio de cultura.
Dos acotaciones finales quizá optimistas: la primera retomando a Jorge Carpizo cuando señala que los derechos humanos poseen una tendencia progresiva, entendiendo por ello, que su concepción y protección nacional, regional e internacional se va ampliando irreversiblemente, tanto en lo que toca al número y contenido de ellos como a la eficacia de su control; y la segunda al subrayar que el creciente número de encuentros y eventos académicos y publicaciones de de libros, artículos, etc., en torno a los derechos humanos como es el caso del libro que hoy nos reúne representan y significan aprovechar la oportunidad histórica de este importante proceso de redefinición y autocrítica en pro de la promoción y defensa de los derechos humanos, y que en todo caso conlleva y requiere de un cambio de actitud y cultura mexicana.
Finalmente decir que: creo en los derechos humanos, en la dignidad y en la emancipación necesaria de la especie humana. Creo en la libertad y en la fraternidad humana, basada sobre una justicia igualmente humana.
Los invito amablemente a comprar y leer el libro de Pedro Zamora, un periodista comprometido a través de la escritura con la defensa y sentida reivindicación con los derechos humanos de cada uno de nosotros y la sociedad propiamente.
¡Gracias!

[1] Recuérdese la declaración pública del entonces encargado de procurar y administrar la justicia en Colima Dr. Jesús Antonio Sam López declarando en primer término su lealtad para el Ejecutivo del gobierno del Estado de Colima en turno, dejando en segundo plano la fundamental referencia al equilibrio y autonomía de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial expresada en nuestra carta magna Constitucional.

CONCEPCIÓN DE EL DEDO EN LA HERIDA


Pedro Zamora Briseño

Antes de emprender el proyecto de lo que hoy es El dedo en la herida, no había entendido o, mejor dicho, no había vivido en carne propia las razones por las que se dice que publicar un libro es como tener un hijo.
Ahora, después de la experiencia vivida, considero que esa comparación es totalmente válida, pero debo confesar que la gestación de esta obra duró un periodo mucho mayor que los nueve meses de un embarazo normal.
En realidad fueron varios años incubando la inquietud, concibiendo la idea y acariciando el deseo de rescatar de las hemerotecas un puñado de historias escritas y publicadas a lo largo de mi carrera como reportero, todas ellas reunidas en torno a un mismo tema: la violación a los derechos humanos y la impunidad persistente en Colima y en otros estados del país.
Las exigencias cotidianas de la tarea periodística habían retrasado la preparación del libro, que, como un hijo, también reclamaba tiempo y atención especial. Ya estaba ahí una larga lista de textos para ser incorporados, pero faltaba la no fácil tarea de depuración, reconstrucción, actualización y corrección.
Y cuando parecía que ya estaba todo listo para la publicación, cada ojeada al original anunciaba la necesidad de realizar nuevos cambios, motivados por el deseo de que el libro saliera a la luz con la mejor presentación posible de sus textos, para que fuera bien preparado para ir al encuentro de los lectores.
Este proceso de revisión exhaustiva del libro, de no querer dejarlo ir a la imprenta sin darle la última leída, sin corregirle el último adjetivo o ponerle el último verbo, produce una sensación que en algo debe parecerse a la que experimentan un padre o una madre cuando un hijo sale para enfrentarse a la vida, y se preocupan por que vaya bien peinado, que no olvide los consejos y recomendaciones y que lleve en su mochila todo lo necesario para el trayecto.
Es así como El dedo en la herida llegó hasta ustedes, con una alforja llena de textos periodísticos que pretenden reflejar una parte de nuestra realidad.
Indudablemente la violación a los derechos humanos es una de las caras más oscuras y vergonzantes para la sociedad en que vivimos, pero ahí está, sin poder ser ocultada como la basura bajo la alfombra, despertando mayor indignación por tratarse de atropellos impunes a los derechos elementales de las personas.
Coincido plenamente con el comentario realizado por el poeta colimense Jaime Obispo Martínez en una de las solapas del libro, en el sentido de que los textos que integran El dedo en la herida “constituyen reales historias de terror para quienes fueron los agraviados, como lo serían para cualquiera de nosotros”.
A tono con el significado de estas palabras, quiero recordar aquí un pequeño fragmento de un poema de Aimé Césaire, que incluí en las primeras páginas del libro: “No hay en el mundo un pobre tipo linchado, un pobre hombre torturado, en quien yo no sea asesinado y humillado”.
Y es que cada vez que una persona es sometida a torturas, cada que se niega la justicia a las víctimas de crímenes, desapariciones y tratos crueles y degradantes, se agravia no sólo a quienes sufren los hechos directamente, sino que se lastima a todos nosotros como sociedad, a todas las personas como parte de la especie humana.
La aparición de este libro fue posible con el apoyo y la participación de una gran cantidad de personas e instancias. Pero el mérito principal es de las propias víctimas o sus familiares, que se atrevieron a denunciar cada uno de los casos narrados. Tan sólo con la lucha que dieron, enfrentando riesgos, ya abrieron camino. Y de no haberse atrevido a levantar su voz para exigir justicia, los periodistas nos quedaríamos sin una fuente básica para informar sobre el tema de los derechos humanos y en el caso particular, no habríamos tenido materia para los reportajes que se publicaron en su momento y que posteriormente pasaron a formar parte del libro.
Aprovecho para saludar la presencia en este lugar del contador Raúl Gallardo Valdez, hermano de una de las víctimas, quien junto con su familia ha luchado por más de una década por el esclarecimiento del crimen. También nos acompaña aquí mi estimado doctor Salvador González Villa, quien hace unos años, por expresar sus puntos de vista durante una clase en la Universidad de Colima, fue detenido por agentes de la policía judicial y amenazado por el procurador de justicia de entonces.
La publicación del libro, por otra parte, se logró gracias a ustedes y muchos más que no pudieron estar hoy presentes, por haber impulsado el proyecto al adquirir su ejemplar por anticipado o seguirlo haciendo hasta ahora.
Gracias a editorial Avanzada, a su director, Juan Gabriel Moctezuma Castellanos, a Jaime Obispo Martínez, por su apoyo en la revisión, a Alfonso Ceballos Peregrino en la formación y a Evelyn Flores, quien con la fotografía de portada demostró su creatividad a la que nos tiene acostumbrados.
No puedo dejar de expresar también mi agradecimiento a mi familia: mis hijos, mi esposa, mis padres y mis hermanos, cuya presencia y apoyo me han dado fortaleza para realizar mi trabajo.
Muchas gracias también al Archivo Histórico del Municipio de Colima por su hospitalidad y apoyo para la presentación del libro en esta casa, la Casa del Archivo, que desde hace muchos años ha sido un espacio idóneo para la libre expresión y discusión de la diversidad de las ideas.
Muchas gracias.

LEA UN CAPÍTULO COMPLETO DEL LIBRO

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Cien años de impunidad

TEPAMES, Col.- El asesinato de dos hermanos ocurrido en 1909 en este poblado, en cuyo proceso judicial se vio implicado el entonces gobernador, Enrique O. de la Madrid Brizuela, es ahora un asunto incómodo para uno de sus nietos, el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado.
En su época, el crimen provocó un escándalo que derivó en el enjuiciamiento y condena del comandante de la policía del estado, Darío Pizano, como responsable material de los hechos.
Después de varios meses de encierro, el acusado declaró ante el juez que la orden de asesinar a las víctimas provino del mandatario estatal.
Frente a este testimonio que lo ubicó como presunto autor intelectual del doble homicidio, Enrique O. de la Madrid —el último gobernador porfirista de la entidad— tuvo que someterse a un interrogatorio judicial del que, pese a las imputaciones en su contra, salió bien librado en la sentencia.
Desde finales de los años ochentas, este caso ha sido estudiado y recuperado por el historiador Servando Ortoll, del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima, pero el académico afirma que el tratamiento del asunto le ha acarreado censura en diferentes instituciones por motivos políticos.
El aviso inicial de que el tema no es bien visto en las altas esferas del poder lo recibió a finales de 1988, unas semanas antes de que concluyera el sexenio del presidente Miguel de la Madrid.
Ortoll terminó en ese tiempo la compilación de los volúmenes Colima, textos de su historia, que serían editados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, como parte de una serie dedicada a todos los estados del país.
Entre los documentos reunidos en el Tomo I, había un texto localizado por el historiador en la biblioteca Nettie Lee Benson, de la Universidad de Texas, titulado Reminiscencias de un crimen, publicado en 1911 por el abogado José Mendoza López y Schwerdtfeger, donde —con base en las declaraciones judiciales del comandante Darío Pizano— se concluía que De la Madrid Brizuela estaba involucrado en el asesinato.
En entrevista con Proceso, Servando Ortoll cuenta que a última hora, cuando ya estaba el material en la imprenta, por órdenes de la SEP ese documento fue excluido del volumen compilado, pues de lo contrario el presidente no firmaría el prólogo ni se publicarían los libros.
Por la urgencia de imprimir los textos antes del final del sexenio, una funcionaria del Instituto José María Luis Mora planteó a Ortoll dos opciones para subsanar de inmediato el hueco que dejaría en el Tomo I el documento rechazado: "Publicarlo sin las páginas consecutivas, para que pareciera un error de imprenta, o rellenar el espacio con fotografías alusivas a aspectos de Colima".
El historiador se inclinó por esto último, pero —dice ahora— "como ocurre con las falsificaciones, no hay censura perfecta", porque "debido a las prisas, no tuvieron el cuidado de borrar del libro todas las evidencias de que el documento había sido programado para ser incluido en ese volumen".
Fue así como en la introducción del capítulo II, denominado "De la Independencia a la Revolución", se anuncia el crimen de Tepames como uno de los temas que se abordan en el libro: "Casi todo lo escrito (en este capítulo) se refiere exclusivamente a la capital y, con pocas excepciones, a otros sitios importantes, como el caso de Tepames, asociado con el famoso crimen".
Y enseguida aparece esta reflexión: "...el que ciertos lugares —como Tepames— sean reconocidos tan sólo por un hecho de sangre, ha ocasionado que a los historiadores se les olvide que aquellos tuvieron un antes y un después a esos acontecimientos. Estos problemas surgen más de los silencios que de los escritos que aquí se transcriben, pero no por ello dejan un hueco importante en la historia política del estado".
Dos años después de este episodio, en 1990, con base en varios documentos y testimonios localizados en archivos oficiales —incluidos el expediente del juicio a los acusados del homicidio y la Colección Porfirio Díaz, que se encuentra en los Acervos Históricos de la Universidad Iberoamericana—, Ortoll reconstruyó los hechos de Tepames en un contexto amplio, de donde resultó el libro titulado La vendetta de San Miguel, para el que hasta la fecha no ha encontrado editor.
Servando Ortoll, doctor en sociología histórica por la Universidad de Columbia, en Nueva York, es autor de Noticias de un puerto viejo: Manzanillo y sus visitantes y Por tierras de cocos y palmeras, entre otras obras.

El doble homicidio

La muerte de Bartolo y Marciano Suárez Orozco, labradores del pueblo de San Miguel de la Unión (hoy Tepames), ocurrió el 15 de marzo de 1909, a manos de un grupo de gendarmes encabezado por el comandante Darío Pizano.
Según la versión oficial, los agentes realizaron un operativo para detener a los dos hermanos, quienes habían sido acusados de violación y daños en propiedad ajena, pero "opusieron resistencia" a su aprehensión.
Pero de acuerdo con los testimonios de quienes presenciaron el crimen, Bartolo y Marciano Suárez fueron acribillados a sangre fría en el interior de su domicilio.
En su libro inédito, del que proporcionó copia a este reportero, Servando Ortoll refiere que en un principio el homicidio fue prácticamente ignorado por la prensa de Colima de esa época, pero en las semanas siguientes un grupo de periodistas de Guadalajara, de tendencia antirreeleccionista, abanderó el caso y lo convirtió en asunto de dimensión nacional.
"Cuente con nosotros, señora; cuente con nosotros y confíe en que sabremos obtener cumplida venganza para Marciano y para Bartolo. Se hará justicia; se lo juramos a usted", dijeron a Donaciana Orozco —madre de las víctimas— los directores de El Kaskabel, El Correo Francés, El Combate y El Globo, según una de las versiones reproducidas por Ortoll en su libro.
Y así, motivados por los "desaires" y el "despotismo" del gobernador Enrique O. de la Madrid frente a las demandas de justicia, los periodistas jaliscienses gestionaron a la mujer una entrevista con el presidente Porfirio Díaz, quien la atendió durante media hora y al final le otorgó una carta para el mandatario estatal, a quien le pidió escuchar a la señora Suárez y, en su caso, "castigar severamente y pronto a los que delinquieron".
En respuesta a la carta, De la Madrid Brizuela solicitó a Díaz su ayuda "designando á una persona de toda su confianza que yo haría nombrar Juez de lo Criminal desde luego á fin de que continuara conociendo del proceso y lo fallara practicando cuantas diligencias creyere convenientes, y cuyo fallo absolutorio ó condenatorio pudiese ser considerado del todo como imparcial y justo al menos por usted á quien más que nadie deseo satisfacer, pues lo que quiero (...) es que Ud. no pueda llegar á abrigar duda alguna sobre mi conducta y lealtad al cumplir sus recomendaciones de hacer observar justamente la ley”.
Inicialmente, Porfirio Díaz se resistió a enviar un juez para responsabilizarse del caso, según se desprende de fragmentos de cartas reproducidas por Ortoll en su libro.
El presidente indicó al gobernador que podía estar tranquilo, pues "yo sé bien que Ud. procederá en lo que le competa con la mayor rectitud"; le dijo que no creía necesario mandarle una persona que se encargara del juicio, "pues se creería que el gob. o yo personalmente dudábamos de la justificación y honorabilidad de Ud." y le recomendó "vigilar que los tribunales procedan con entera sugeción á las leyes en favor de la vindicta pública".
Sin embargo, ante la insistencia del propio gobernador De la Madrid y de los sectores de oposición, Díaz designó finalmente al abogado Eduardo Xicoy, quien llegó a Colima el 13 de junio de 1909 y dos días después tomó el asunto en sus manos.
En los dos meses que duró su encargo, Xicoy —quien siempre mantuvo estrecha comunicación con Porfirio Díaz y le enviaba copias de las diligencias judiciales— se dedicó a hurgar la hipótesis de la culpabilidad del comandante Darío Pizano, y de pronto la dinámica del proceso lo condujo hacia personajes encumbrados de la política.
El día del operativo en que murieron los Suárez, el comandante Darío Pizano y sus subalternos iban acompañados por los hermanos Mauricio y José Anguiano, vecinos y enemigos de los caídos, quienes también habrían efectuado disparos.
Las declaraciones de los testigos, entre ellos el cura de Tepames, un albañil y la madre de las víctimas, refieren que Marciano fue baleado mientras dormía en el pasillo de su casa, en tanto que Bartolo, después de que fue herido en el pecho corrió hacia el curato de la iglesia —a unos metros de su domicilio— en busca del sacerdote para confesarse, y frente a éste fue rematado por Pizano y sus acompañantes.
Conforme a las averiguaciones del juez Xicoy, el jefe policiaco y sus hombres “no llevaban —el día de los hechos— ninguna orden por escrito extendida por autoridad competente, para poder llevar a cabo la aprehensión de los aludidos hermanos Suárez; por lo tanto iban a verificar ésta cometiendo un verdadero acto ilegal”.
En una de sus primeras declaraciones judiciales, Pizano afirmó que el operativo se realizó a partir de las órdenes verbales del prefecto político, Carlos Meillón, y el gobernador, Enrique O. de la Madrid, quienes le recomendaron llevar consigo a Mauricio y José Anguiano para que lo auxiliaran en la aprehensión.
Hasta ese momento el comandante detenido no había responsabilizado abiertamente a los altos funcionarios de ordenar el crimen, pero con la información anterior el juez ya planeaba citar a declarar al prefecto político para interrogarlo y realizar el careo respectivo.
Ante esto, apunta Ortoll en La vendetta de San Miguel, el gobernador De la Madrid “urdió una estrategia” de descrédito contra el juez, a través de cartas enviadas a Porfirio Díaz, en las que trató de “desprestigiar al magistrado, de presentarlo como un desquiciado al borde de la desesperación y la renuncia” y lo acusó de cometer arbitrariedades contra los reos. Este panorama se complementó con la violación de la correspondencia entre Xicoy y el presidente.
En una carta fechada el 4 de agosto de 1909, el juez explicó a Porfirio Díaz que anteriormente le había solicitado una fuerza de veinte hombres “debido á que las autoridades de esta localidad me han interpuesto toda clase de dificultades para seguir el curso de la averiguación”.
La solución que encontró Díaz fue llamar a Xicoy a que se reintegrara a su puesto de agente del Ministerio Público en el Distrito Federal. En su lugar, fue designado Francisco Ruiz como juez del caso Tepames.

“Órdenes del gobernador”

Al paso de los meses y con el riesgo latente de una sentencia a muerte pendiendo sobre sí, Darío Pizano se vio abandonado por sus superiores y sus declaraciones evolucionaron a tal grado que tocaron directamente al gobernador, a quien además responsabilizó de haberle ordenado otras muertes.
En la diligencia realizada en 17 de diciembre de 1909, el juez Ruiz preguntó a Darío Pizano si la orden que decía haber recibido del gobernador del estado “de matar á Marciano y á Bartolo Suárez, aún después de que hubieran sido capturados, aplicándose lo que vulgarmente se conoce con el nombre de ley fuga, era una orden legal y moral, que el deponente no hubiera tenido reparo alguno en cumplir”.
El exjefe policíaco respondió “que juzga dicha orden legal, porque procedía de la primera autoridad del estado y de un hombre ilustrado, y en ese supuesto no tuvo inconveniente alguno en recibir dicha orden y sin duda que llegado el caso (que por fortuna no se presentó) la habría acatado cumpliéndola al pié de la letra; que cuando salió el emitente [de Colima] rumbo a San Miguel de la Unión, llevaba firme propósito de cumplir la orden que le había dado el señor gobernador de matar á los Suárez, aunque abrigaba la esperanza de que si llegaba á aprehenderlos algunas personas de su familia tratarían de acompañarlos hasta esta ciudad, evitando con su presencia que se les aplicara la ley fuga y proporcionándole al deponente una magnífica disculpa para no cumplir la orden que había recibido”.
En una carta enviada a Porfirio Díaz, la esposa de Darío Pizano señaló:
“El Señor Gobernador mandava al prinsipio, de la pricion de mi esposo, recados, diciendole que no se apurara que el lo sacaría de la carcel pero que no fuera a decir la verdad, y que gozaria de su sueldo. Y cuando Dario dijo la verdad, se disgustó mucho y dijo que ya no le alludaba”.
Con elementos de este tipo, el juez Francisco Ruiz interrogó por escrito al gobernador Enrique O. de la Madrid el 4 de enero de 1910. Entre otras preguntas, figuraban las siguientes:
“Si es cierto que usted ordenó al comandante de policía Darío Pizano, que lograda que fuera la aprehensión de Bartolo y Marciano Suárez, en el camino para esta ciudad y en un lugar solitario donde no pudieran ser vistos, los fusilara”, “si es verdad que usted manifestó a Darío Pizano, cuando la prensa atacaba duramente al gobierno con motivo de la muerte de los Suárez, que era necesario que él y los gendarmes que fueron á hacer la aprehensión de los mencionados Suárez, se sacrificaran para salvar al Gobierno y que por ese motivo era necesario que fueran procesados y quedaran detenidos; pero que no tuvieran cuidado porque el proceso sería solo un simulacro y pronto quedarían todos en libertad” y “si es cierto que usted con frecuencia le ordenaba a Darío Pizano que matara á algunos individuos que se juzgaban perniciosos”.
Un día después, el mandatario respondió a través de un oficio:
“Ni le di órdenes algunas [a Pizano] sobre la forma de la aprehensión, ni propiamente orden directamente de verificar ésta […] mucho menos ordené que se fucilara a los Suárez, pues ni estaba en mis facultades, ni para cometer tal arbitrariedad habia motivo racional alguno pues ni conocia á éstos […] nunca se trató más que de la aprehensión en cumplimiento de las ordenes de la autoridad judicial, por cuyo motivo tal afirmación es del todo absurda”.
Negó también haber dicho a Pizano que el proceso sería “un simulacro”, sino que al principio, cuando el comandante le informó que habían matado a los Suárez “en propia defensa y por absoluta necesidad para vencer la resistencia que tenazmente hicieron hasta el último momento”, el gobernador le dijo que “si resultaban justificadas tales circunstancias, creía yo que el proceso concluiría pronto y no le perjudicaría, puesto que había cumplido con su deber”.
Respecto del señalamiento de que en el pasado había dado órdenes a Pizano de matar a otras personas, manifestó De la Madrid:
“No es cierto […] que en ocasión alguna, hubiera dado al Señor Pizano órdenes de matar á nadie pues en general núnca le daba ordenes sobre el servicio directamente, sino al Señor Prefecto, como es natural”.
Cuando el exjefe policíaco conoció desde la prisión las respuestas del mandatario, sostuvo ante el juez:
“Tan es cierto que el Señor Gobernador le dió orden de que aprehendidos que fueran los Suárez los fusilara en el camino, que ahora recuerda que el mismo Señor Gobernador le recomendó que al fusilar á los Suárez les dieran todos los balazos por detrás, para que fuera creible que los habían matado al pretender huir”.
En su sentencia, el juez Francisco Ruiz no creyó las declaraciones de Pizano y exoneró de responsabilidad al gobernador y al prefecto político. Por lo tanto, resolvió:
“Por los delitos acumulados de homicidio perpetrado en las personas de Marciano y Bartolo Suárez, con las calificativas de premeditación y ventaja, abuso de autoridad y allanamiento de morada, se condena al reo Dario Pizano á sufrir la pena capital”.
Sin embargo, el juez de segunda instancia, Miguel Mendoza López y Schwerdtfeger, rebajó la condena de Pizano a 18 años de prisión. Y la posible implicación del gobernador De la Madrid ya no se tocó.

“Encubridor”

En las conclusiones de su libro, Servando Ortoll estima que el mandatario, en todo caso, es “responsable de encubrir al autor intelectual (o culpables) y de obstaculizar el desenvolvimiento de la justicia”.
En consecuencia, el autor de La vendetta de San Miguel duda que el gobernador haya sido responsable directo de la muerte de los Suárez, porque “no obstante las acusaciones en su contra, nadie pudo aportar pruebas fehacientes. Pizano, es cierto, lo señaló de haberle dado órdenes de asesinar a los Suárez. Pero ¿habrá salido de él la idea de hacerlo? No lo creo”.
Y en el epílogo, el historiador lanza una hipótesis en la que sugiere que el responsable intelectual del asesinato pudo haber sido Juan S. Solórzano, un personaje que nunca apareció en el juicio, allegado al jefe del Ejecutivo, cuyas tierras colindaban con las de las víctimas.
“De todos los posibles autores intelectuales —dice Ortoll—, en Solórzano he podido descubrir razones para enviar a los esbirros del Estado en busca de los Suárez, de quienes sabía (o imaginaba), no podía comprar las tierras.
“Si estamos de acuerdo en que Solórzano, amigo cercano de De la Madrid, fue quien decidió el asesinato de los Suárez, entonces podemos entender la labor encubridora y de obstáculo que desató el gobernador. No quería que se supiera quién fue el verdadero autor intelectual”.
Desde que escribió este libro, Servando Ortoll ha buscado, sin éxito, su publicación a través de varias instancias. Ese interés lo llevó incluso a entrevistarse en tres ocasiones con el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado.
En 1990, cuenta, participó con esta obra en el Primer (y único hasta ahora) Concurso Nacional de Historia Regional, convocado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), que contemplaba la publicación de los diez trabajos finalistas y premios en efectivo para los tres primeros lugares.
“Un miembro del jurado me informó que el libro había sido finalista y me felicitó porque iba a ser publicado y, por separado, otro de los integrantes del comité organizador me confirmó esa versión, pero añadió que una persona del jurado se opuso a su publicación, con el argumento de que su contenido tenía implicaciones políticas”.
Posteriormente, el investigador propuso a la Universidad de Colima editar el libro, pero el entonces rector, Fernando Moreno Peña —quien después sería gobernador del estado—, “dijo que era un tema bastante cargado de cuestiones políticas y comentó que la única persona que podía publicarlo era el titular del Fondo de Cultura Económica (FCE) —el propio Miguel de la Madrid—, por lo que me sugirió hablar directamente con él, lo que consideré que tenía bastante sentido”.
El fallecido cineasta Alberto Isaac, quien se había mostrado interesado por realizar una película basada en el libro, tampoco obtuvo apoyo de la institución educativa. “Tenía grandes planes —dice Ortoll—, su idea era proponerle a Vicente Leñero la elaboración del guión”.
En la primera entrevista con De la Madrid Hurtado, que se realizó en la oficina del funcionario en el FCE, “más que hablar, escuché la versión de su familia sobre ese caso, que me parece interesante y no está reñida con la mía”, dice el historiador.
“Según el expresidente, su abuelo mandó al jefe de la policía a apresar a unos forajidos, ladrones de ganado, y éste, por quedar bien, los asesinó, pero que no fueron órdenes del entonces gobernador. Mi libro no choca con esa versión, pero por distintas razones”.
Además, “me dijo algo interesante: que la experiencia de su abuelo lo había llevado a decidir que cuando en su sexenio hubiera manifestaciones de protesta, los policías no se presentaran armados”.
Al final de la entrevista, dice Ortoll, De la Madrid se comprometió a darle una respuesta sobre la posible publicación del libro bajo el sello editorial del FCE. “Meses después de que le entregué el original, me enteré por casualidad, aunque no me consta, que el expresidente envió a algunos ayudantes de investigación a buscar los documentos en que yo baso mi trabajo, al archivo de Porfirio Díaz”.
El investigador narra que tuvo dos encuentros posteriores con Miguel de la Madrid. Uno de ellos se produjo en una de sus visitas a la Universidad de Colima, por mediación del rector Fernando Moreno.
“Me dijo que le parecía bien el libro, pero que algunos aspectos no le gustaban, aunque no especificó cuáles. En otra ocasión lo abordé en la Universidad de Guadalajara y me dio una respuesta general, nada concreto, aunque me dio a entender que todavía estaba siendo considerada su publicación. Después hablé con otro funcionario del Fondo de Cultura Económica y me reveló que el libro no se encontraba en lista alguna, ni había sido contemplado nunca para ser publicado”.
Actualmente existen posibilidades de que una editorial privada de Guadalajara edite la obra, pero Ortoll considera que no está resuelto el problema en torno al libro.
“Sigo pensando que hay un problema político de fondo muy fuerte. Evidentemente quiero que se publique, pero no estoy buscando hacerlo para molestar al expresidente. Si se publica, que sea porque se valora su calidad y aportación histórica, al margen de cuestiones políticas.
“Estoy todavía esperando la respuesta de Miguel de la Madrid, aunque creo que ya nunca va a llegar. Me gustaría saber algo de él. Es muy complicado, porque no puedo decirle: ‘oiga, si lo publico ¿qué me va a pasar?’, pero me interesa saber cuál es su opinión, qué es lo que no le gusta”.
Por lo pronto, Servando Ortoll publicó una versión condensada del libro, en cinco entregas, en el semanario local Claridades.
En cierta ocasión, Alberto Isaac le sugirió que incluyera en el libro algunas escenas eróticas y lo publicara en forma de novela.
“Desde entonces —puntualiza el académico— pienso que para decir la verdad en América Latina, hay que hacerlo a través de la literatura”.

Este texto se publicó originalmente en marzo de 2000. Al cumplirse en 2009 un siglo del doble homicidio de Tepames, el historiador Servando Ortoll —quien actualmente se desempeña como investigador de la Universidad Autónoma de Baja California— encontró editores para su libro: el Archivo Histórico del Municipio de Colima y la editorial Tierra de Letras, que publicarán próximamente de manera conjunta la obra.